La Comisión Permanente Estatal de Directores de I.E.S. nace para dar respuesta a la necesidad unánimemente sentida de aunar esfuerzos, intercambiar experiencias y proponer soluciones a los problemas que la educación tiene p1anteados en nuestro país en una etapa tan crucial para la misma como es la Secundaria.

No es un movimiento político, ni pretende asumir funciones que corresponden a los representantes sindicales. Como profesionales de la educación y Directores de centros públicos queremos asumir nuestra responsabilidad y ofrecer a las autoridades educativas y a la sociedad lo más valioso que tenemos: nuestro conocimiento privilegiado de la realidad de los Centros. En ellos tenemos un doble papel: somos Administración ante la comunidad escolar, pero somos portavoces de ésta ante la Administración, dado nuestro carácter de elegidos por el Consejo Escolar.

Estamos profundamente convencidos de la necesidad de llegar entre las fuerzas políticas al llamado pacto escolar. La educación debe sacarse del debate político y afrontar los graves problemas que tiene planteados el sistema educativo desde la única óptica posible: los intereses de los alumnos. En ello nos jugamos el futuro. Creemos que en esta tarea podemos y debemos desempeñar el importante papel de órgano consultivo que nuestra posición en los Centros nos otorga.

Aceptando, por supuesto, la existencia de Centros de iniciativa privada sostenidos con fondos públicos establecida en nuestro ordenamiento legal, y respetando profundamente a estos Centros, manifestamos nuestro convencimiento de que es imposible garantizar una verdadera igualdad de oportunidades y una enseñanza de calidad abierta a todas las opciones de pensamiento sin la existencia de una red pública suficiente, que cuente con los recursos necesarios y esté apoyada incondicionalmente por los poderes públicos. La existencia de una educación integral sin adoctrinamiento y de una verdadera libertad de elección por parte de las familias sólo está garantizada en estas condiciones.

Por otra parte, llamamos la atención a los padres de familia y a la sociedad en general sobre uno de los problemas que se detecta de forma generalizada: la creciente falta de implicación por parte de los padres en la educación de sus hijos. En concreto, observamos que no se forma equilibradamente a partir del doble principio responsabilidad-libertad dado que no se prima el valor del esfuerzo personal y el cultivo de la voluntad.

Así pues, constatamos que existe una priorización de lo material (consumismo) en detrimento de otros valores esenciales para la evolución y maduración de los jóvenes, en tanto que futuros ciudadanos responsables.

Con todo esto queremos evidenciar la necesidad de que los padres recuperen el protagonismo en la educación de sus hijos, apoyando la labor educativa de los Centros, prestando mayor atención a la utilización del tiempo libre de forma provechosa y con una planificación adecuada, dialogando más con ellos, potenciando la responsabilidad y autonomía en el ejercicio de su libertad.

En síntesis, echamos en falta que los padres marquen unas pautas de referencia con relación a los valores que deben guiar una formación integral de la persona, ejerciendo la necesaria autoridad sobre sus hijos. Hay que abordar las disfunciones en el comportamiento de los adolescentes desde que éstas aparecen, sin transferir dicha responsabilidad al profesorado. Éste debe cooperar con la familia, pero no sustituirla. De lo contrario fracasaremos en nuestra labor.

Finalmente, queremos poner de manifiesto ante las autoridades educativas las siguientes consideraciones:

•     La Red Pública de I.E.S. no puede ser subsidiaria de la pública concertada, y la Administración Educativa tiene la obligación y la responsabilidad de propiciar una red pública de calidad, con recursos, competente y con centros equilibrados y dotados. Además, no puede consentir el reiterado incumplimiento por parte de centros concertados de lo establecido en cuanto a la admisión de alumnos sostenidos con fondos públicos.

•     La adscripción unívoca/sencilla no está en contradicción con el derecho a la elección, y atiende principios básicos de organización y planificación de Centros, así como la coordinación pedagógica entre IES. y  Centros de Primaria.

•     La educación infantil debe implantarse en los centros públicos, ya que el concierto de esta etapa propicia la desviación del alumnado de la red pública.

•     Se constata que se traslada a los centros funciones educadoras que no nos competen, ya que no podemos asumir, ni estamos capacitados para ejercerlas, la delegación de responsabilidades que corresponden a las familias.

•      Se  afirma que los medios no se adecuan a los fines:
       -                     Debe contarse con recursos suficientes para atender adecuadamente la
              diversidad, sin adoptar medidas segregadoras ni homogéneas, sin una legislación
             rígida e inflexible al respecto, sino atendiendo las características específicas del
              alumnado diverso, respetando el principio de autonomía de cada centro, de
              acuerdo con su Proyecto Curricular y su Proyecto Educativo.
       -                     Debe dotarse a los departamentos de orientación de los recursos humanos precisos,
             incluida la figura del trabajador social, sin tratar de asumir ni obviar las
              funciones propias de los servicios sociales municipales.

•     Por último, consideramos que, antes de plantearnos una modificación de la ley, como profesionales, necesitamos tiempo para desarrollarla adecuadamente, contando con los recursos precisos, realizando una evaluación adecuada (con datos y tiempos de análisis), potenciando mientras tanto la autonomía de cada Centro en un marco flexible. Además, antes de plantearse cualquier modificación debe contarse con el análisis/evaluación de todos los sectores implicados, negociando previamente los posibles cambios con quienes corresponda.

Madrid, 7 de julio de 2000