La Comisión Permanente Estatal de Directoras y Directores de IES reunida en Elche los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2002 , para profundizar en el análisis del proyecto de Ley de Calidad de Educación presentado en el Parlamento y después de las reuniones mantenidas con los responsables del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, manifiesta:

1.- PACTO POR LA ENSEÑANZA

Lamentamos y denunciamos que se haya perdido una gran oportunidad para conseguir un pacto de estado por la Educación. Sin haber tenido el tiempo suficiente para desarrollar toda la normativa de la LOGSE y valorar adecuadamente su implantación, se plantea una profunda reforma del sistema educativo y, antes de que ésta sea promulgada, ya se escuchan voces anunciando su futura modificación.

La educación no puede verse sometida cada pocos años a violentos vaivenes en función de la ideología política del partido en el gobierno. Esta circunstancia afecta fundamentalmente a los centros públicos de los que es titular la Administración educativa.

Queremos destacar el ofrecimiento realizado por esta Permanente Estatal de Directores desde su constitución como interlocutores con la Administración, dado nuestro carácter de conocedores de la realidad cotidiana de los centros, habiendo presentando en varias ocasiones y por escrito propuestas nacidas del debate y del consenso, ninguna de las cuales ha sido considerada ni aceptada por el Gobierno.

2.- DOTACIÓN DE RECURSOS Y AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

La Ley se presenta sin financiación. Estimamos que debe como mínimo garantizarse que ésta sea suficiente, hasta alcanzar los porcentajes habituales en los países de la Unión Europea, así como que los traspasos a las CCAA de las partidas económicas destinadas a educación tengan carácter finalista, para asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos.

La adecuada atención a alumnos diversos, en comunidades diversas y situaciones socioeconómicas y culturales diversas, exige dotar a los centros educativos de una verdadera autonomía de gestión pedagógica y de recursos. No se pueden aplicar soluciones uniformes a situaciones muy diferentes. Garantizando los recursos materiales y humanos mínimos necesarios para llevar a cabo su labor, debe ser cada centro quien, con el adecuado control interno y externo, decida cómo debe utilizar estos recursos en función de las necesidades de sus alumnos.

3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Nos ratificamos en lo firmado por esta Permanente en las jornadas realizadas en la ciudad de Teruel en Mayo de 2002.

Creemos que la Ley dedica muy pocas líneas a las medidas de atención a la diversidad en Primaria y en el primer ciclo de Secundaria, que es donde realmente se gestan los problemas de los alumnos.

Consideramos que la existencia de los itinerarios como único medio de atención a la diversidad podría conducir a encasillar a los alumnos, planificando prematuramente su futuro académico y profesional y podría dejar por el camino a quienes presentan dificultades de aprendizaje, sin aportar soluciones a su variada problemática.

No se contemplan sin embargo medidas diversas que se están aplicando en los centros con buenos resultados académicos y humanos como son los agrupamientos flexibles, los apoyos a los alumnos con necesidades de compensación educativa, etc...

Es especialmente sorprendente que se eliminen los Programas de Diversificación Curricular, que han demostrado sobradamente su eficacia y que pocas voces se atreverían a poner en entredicho.

Es de nuevo la autonomía pedagógica de los centros la garante de la flexibilidad necesaria para la correcta aplicación de cualquier medida de atención a la diversidad.

4.- FUNCIÓN DIRECTIVA

Si bien nos ratificamos en que la comunidad educativa debería elegir al director con un proyecto de dirección coherente y adaptado a la realidad del centro, el proyecto de ley no recoge esta posibilidad.

Dado que el director será seleccionado por una comisión tal como propone el proyecto de ley, esta Permanente considera que la participación de la Administración en el proceso de selección de directores podría ser positiva si supone una real implicación de la misma en el apoyo al proyecto presentado, facilitando los medios y recursos necesarios para llevarlo a cabo. Así mismo, entendemos que la comisión debería estar integrada mayoritariamente por miembros de la comunidad educativa. Consideramos además imprescindible que la valoración del proyecto de dirección tenga un peso relevante en el proceso de selección.

El proyecto de dirección presentado debe incluir un equipo directivo, puesto que este es fundamental para que pueda llevarse a la práctica.

Por otra parte cabe preguntarse si la falta de candidatos es achacable al sistema actual o a las condiciones en que los directores y equipos directivos están desarrollando su trabajo. Si estas no se mejoran, tampoco el nuevo sistema resolverá este problema. Creemos necesario que se adopten medidas como:

· Retribución económica adecuada a la responsabilidad inherente al desempeño de estos cargos.

· Apoyo y reconocimiento de su labor por parte de la Administración.

· Competencias reales en la gestión de los recursos humanos y materiales.

· Racionalización de las tareas administrativas que se desempeñan en la función directiva.

5.- ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN Y SU ALTERNATIVA

Creemos que el mantenimiento de la enseñanza confesional de la religión genera un problema que requiere soluciones que no impliquen la imposición de una alternativa a aquellos que no desean recibir estas enseñanzas.

6.- CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Constatamos con preocupación la consagración de una doble red de centros (públicos y privados concertados), en la medida en que en el proyecto de ley no se establece un reparto equitativo del alumnado con necesidades educativas específicas. Los alumnos con problemas de aprendizaje y la población inmigrante se hallan escolarizados en su inmensa mayoría en los centros públicos. Ante esta situación de manifiesta desigualdad reclamamos de las administraciones educativas el mismo tratamiento para todos los centros sufragados con dinero público.

Entendemos que la educación es un servicio público que debe regirse por principios de competencia y no de competitividad. Los objetivos de calidad y de igualdad de oportunidades sólo pueden alcanzarse si la red pública es el eje vertebrador de la oferta educativa.

Por último, los Directores de los IES, como responsables de educación en los centros, de la gestión y administración de los mismos, creemos necesaria nuestra participación directa en la elaboración del posterior desarrollo normativo de esta Ley.

Elche, 24 de noviembre de 2002

HOJA DE CONTINUACIÓN DE FIRMAS DEL DOCUMENTO QUE COMIENZA: ”La Comisión Permanente Estatal de Directoras y Directores de IES reunida en Elche los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2002 ...”